© Daniel Blanco Arroyo
Los orígenes del proceso de modernización se encuentran en el programa ilustrado que comenzó a gestarse en Europa a partir del siglo XVIII. Las dimensiones más importantes de este proceso general de modernización pueden ser el avance del positivismo, el empirismo y la racionalidad instrumental: la pérdida de la relevancia social de la metafísica y de las explicaciones teológicas sobre el orden social y natural y su sustitución por las ciencias sociales y naturales; el desarrollo del conocimiento científico y sus aplicaciones técnicas a la producción de bienes y servicios; la emergencia del concepto de ciudadano como sujeto de deberes y derechos, junto al desarrollo paralelo de la democracia y del estado social de derecho; y la expansión de valores universalistas en general. Todos estos cambios surgen como consecuencia de la llamada revolución industrial y se van desarrollando asociados a las importantes transformaciones en la estructura social que se producen.

Además de todos estos cambios, es importante tener también en cuenta otros de carácter fundamentalmente económico y demográfico, sin los cuales quedaría incompleta la descripción del proceso de modernización; de dicho proceso ha formado parte otros cambios tales como el de industrialización; el de expansión de la economía de mercado hasta desembocar en su creciente carácter transnacional; el de urbanización y crecimiento de las grandes urbe, etc.

Los cambios recientes están alterando de manera profunda a las sociedades desarrolladas que ya se consideraban modernas. El avance del conocimiento científico y sus aplicaciones han afectado a prácticamente todas las esferas de la vida y está evolucionando hacia la sociedad de la información y del conocimiento con efectos muy importantes en las comunicaciones, en la globalización financiera, en la nueva economía, en la expansión de la cultura emprendedora, etc. Estos cambios inducen a hablar de una segunda fase en el proceso de modernización, de una modernización que algunos se han empeñado en llamar “segunda modernización”, entendida como el proceso de acceso e incorporación a la sociedad de la información y del conocimiento.

Pero, ¿realmente percibimos estos cambios de modernidad en Andalucía? Si hay una región española que, por su débil presente, potencialidad de crecimiento y horizontes optimistas, necesita una urgente modernización, esa es Andalucía. La modernización de Andalucía empieza a ser también un objetivo prioritario para un Estado español que siente ya el lastre Andaluz y que lo sentirá todavía con mayor intensidad cuando, en los próximos años, el grifo de las ayudas europeas se cierre. Pero se trata de una región compleja, llena de contrastes y de deficiencias que la convierten en una realidad insólita y diferente a las otras regiones de Europa.

El rasgo diferencial de Andalucía es la falta de alternancia en el poder. Es la única región europea junto con Baviera (Alemania) y Carintia (Austria) que no ha cambiado de gobierno durante los últimos 25 años. A diferencia de estas regiones ricas, Andalucía es una de las regiones más pobres de Europa y más necesitadas de energías e impulsos que le conduzcan hacia la prosperidad. Tenemos el triste galardón de ser Región de Objetivo Uno, es decir, receptora de subvenciones en masa por su bajo nivel de desarrollo y renta.

El segundo gran rasgo diferenciador de Andalucía es el agobiante dominio de lo público y la extrema debilidad de su sociedad civil. Cuatro de cada diez empleos son públicos en Andalucía, todo un récord en Europa. Andalucía es además, la región de Europa donde más universitarios afirman que quieren ser funcionarios, lo que es un reflejo de un raquítico sentido emprendedor. 

Si aceptáramos la publicidad de la “Andalucía imparable” (lo que no aclara es en que dirección) y de la “Segunda modernización”, o si apoyáramos las también muy publicitadas revisiones historiográficas que niegan que el subdesarrollo andaluz haya existido, como resultado de una política planificada desde el Estado, contestaríamos que esa situación es ya sólo un recuerdo; pero si miramos los índices objetivos, sea cualquiera la fuente de estos, habremos de concluir que Andalucía continúa en el furgón de cola.

Me inquieta sobremanera que la deuda histórica, como la reforma agraria, o la necesaria industrialización, o el ordenamiento comarcal, o la defensa de la cultura andaluza o el equilibrio territorial interno, puedan ser definidos como temas ya superados y asuntos a cerrar. Como tantas veces a ocurrido en la historia de Andalucía, el principal problema lo tenemos dentro.

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© Daniel Blanco Arroyo
Aunque fue el presidente Delors el que introdujo en su discurso a las empresas europeas el mensaje para que se involucraran en la lucha contra la exclusión, dando así lugar a una amplia movilización empresarial y a la creación de las primeras redes europeas de empresas solidarias, no fue hasta Marzo de 2000, en Lisboa, que el Consejo Europeo apeló a la necesidad de incluir en la estrategia empresarial prácticas correctas en materia de aprendizaje permanente, organización del trabajo, igualdad de oportunidades, inclusión social y desarrollo sostenible. A todo ello le llamó “el sentido de la responsabilidad social de las empresas europeas”.

Pero, ¿qué significa la expresión “responsabilidad social de las empresas”?.
Según la Comisión Europea, “el concepto de responsabilidad social de las empresas significa la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. Esta responsabilidad se expresa en relación con los asalariados, y de manera más general, con todas las partes involucradas que se preocupan por la empresa y que a la vez, desean influir en su éxito.
Para otros, la responsabilidad social de las empresas implica tomar en cuenta las consecuencias que tienen las actividades de las empresas anónimas sobre el ser humano, la sociedad y el medio ambiente, en particular gracias a que la empresa mantiene relaciones leales y equitativas con todos sus socios: accionistas, socios capitalistas, empleados, sindicatos, proveedores, clientes, competidores, colectividades públicas y todas las personas o colectividades afectadas por las actividades de las empresas.

Haciendo un poco de historia, durante el siglo XIX, los trabajadores eran objeto de explotaciones sistemáticas (bajos salarios, condiciones inhumanas de trabajo, disciplina militar en las empresas, desempleo frecuente y trabajo infantil). Eran menospreciados y considerados como objetos, e incluso se decía lo siguiente: “clases trabajadoras, clases peligrosas”. De allí que hasta 1920, los empleadores, preocupados por borrar o atenuar la explotación y la miseria social, multiplicaran las “buenas obras” (escuelas privadas, iglesias, instituciones benéficas, asociaciones deportivas).
En este sentido, cabe destacar la eliminación del trabajo infantil en Europa entre 1850 y 1920. Los empleadores y las cámaras de comercio de Francia, Bélgica y Gran Bretaña siempre se opusieron a todo tipo de reglamentación (duración del trabajo, inspecciones periódicas, escolaridad), lo que, según ellos, habría representado distorsiones de competencia. Por el contrario, acusaban a los padres de esta situación y organizaban ellos mismos, en los talleres, cursos y actividades recreativas para los niños trabajadores, así como talleres artesanales para las madres de esos niños. Las actividades eran animadas generalmente por las mujeres de lo patronos. El paternalismo es el elemento que hace que surjan todas estas accione, que por cierto siempre han sido evaluadas en términos de costos y beneficios para la empresas.

Estos buenos principios no duraron mucho tiempo, ya que surgieron circunstancias desfavorables, como lo muestra la historia social europea. Además, los buenos principios siempre han sido utilizados para esconder las realidades.
Mientras más se gerencie a corto plazo, más se hablará de desarrollo sostenible; mientras haya más desempleo, más se hablará de la gestión preventiva de empleo. La noción de responsabilidad social de las empresas es tan antigua como las mismas empresas. Como acabamos de señalar, simplemente tenía otros nombres en otras épocas: paternalismo, obra de caridad o ética.
Para un gran número de empresas su única responsabilidad consiste en hacer dinero para que los accionistas obtengan el mayor beneficio.

Pero no se crean ustedes que esto quedó superado, porque la historia se repite y creo que con más virulencia, lo único que ha cambiado ha sido su situación geográfica. Ahora es otro grupo de seres humanos quien sufre estas penalidades.
La deslocalización de grandes multinacionales con sede en España causaron en su día una considerable preocupación social por el impacto que el fenómeno tiene sobre el empleo. En el otro extremo del problema- en países como Marruecos, Tailandia, Bulgaria, China u Honduras, donde las multinacionales han desplazado sus centros de producción- los derechos laborales más elementales se degradan de manera sistemática. Para millones de trabajadores, la mayoría mujeres, las consecuencias del traslado de la producción de las multinacionales a países empobrecidos son, entre otras, salarios ínfimos, horas extra obligatorias e impagadas, prohibición de sindicatos, amenazas de despido por querer ir al baño durante el trabajo, condiciones laborales insalubres y ausencia total de cobertura por maternidad o enfermedad. Así lo demuestran tres informes presentados en los últimos meses por Interpón Oxfam que denuncian que la causa directa del infierno situado al final de las largas cadenas de producción es el modelo universal de negocio basado en el “más flexible, más rápido y más barato” de las firmas de moda, los grandes almacenes, las marcas de ropa deportiva o los supermercados.
Algo esta fallando si, en lugar de aprovechar su potencial para proporcionar empleos decentes y formales, la globalización y el comercio internacional no dejan otra opción a millones de personas que aceptar unos puestos de trabajo que las condenan a permanecer en la pobreza. La responsabilidad no es sólo de las empresas. Los Gobiernos de los países empobrecidos alentados por el FMI ( Fondo Monetario Internacional) o el Banco Mundial, proporcionan ventajas tan suculentas a la inversión extranjera, que la riqueza que genera la actividad no sirve para fomentar el desarrollo y acabar con las desigualdades; más bien lo contrario. Llegará el día en que los ciudadanos de a pie nos tengamos que plantear el modelo de consumo imperante y los costes humanos que se esconden tras la renovación cada tres semanas de los escaparates de las grandes marcas de ropa. Incluso algunos deportistas, si quieren mantener una buena imagen, deberán empezar a reclamar juego limpio a sus patrocinadores.

Un país como España no puede hacer sonar las alarmas cuando las multinacionales extranjeras se van y, al mismo tiempo, cerrar los ojos cuando sus empresas abusan de las ventajas que encuentran en los países pobres. Son necesarias medidas concretas que potencien la promoción y la implantación de la responsabilidad social en el tejido empresarial, que se verifiquen los códigos de conducta, adoptar medidas activas de transparencia informativa de las compañías y renunciar de manera expresa el presionar a países en desarrollo para que flexibilicen su regulación laboral. La búsqueda del beneficio es loable y necesaria, pero ha de ir acompañada por el compromiso absoluto de respetar los derechos fundamentales en los países donde radica.

En los últimos años ha surgido como una temática innovadora la responsabilidad social de las empresas. Gracias a la presión por el lado de las consumidoras y consumidores, las empresas están respondiendo poco a poco a esta nueva demanda que pide aparte de un buen precio o una alta calidad, una calidad social y medioambiental del producto. La empresa moderna debe involucrarse y atender las nuevas expectativas y exigencias, no sólo cuando se dirige a sus clientes, sino también en las relaciones con sus propios recursos humanos y el resto de la sociedad. Así, cobra cada día más importancia la responsabilidad social de la empresa, su implicación con la comunidad y su aporte a la solución de los problemas que interesan a la ciudadanía. 
Para abordar esta nueva realidad, es necesario que la empresa implemente un Programa de Responsabilidad Social Corporativa.

El reto que enfrenta la empresa moderna es monumental. Su objetivo no se limita a obtener el reconocimiento del mercado, sino que ahora es mucho más amplio. Apunta al reconocimiento de la sociedad por el cumplimiento de su compromiso con ésta, además de una sólida relación con los clientes y una preocupación por la capacitación y el bienestar de sus recursos humanos. 
La empresa actual sabe que necesita legitimación por parte de la sociedad. Esto implica, además de responder a los requerimientos del mercado, comprender el medio donde actúa y estar atenta ante las nuevas demandas sociales. Para ello le es preciso replantear constantemente su razón de ser, misión y principios, y revisar su conducta empresaria en el día a día. La Responsabilidad Social favorece las inversiones y eleva el valor de la empresa; genera oportunidades comerciales y ventajas competitivas; contribuye al desarrollo sostenible; alienta la relación con los stakeholders (grupos de interés, como clientes, proveedores, accionistas, etc.); crea sentido de pertenencia y retiene recursos humanos talentosos; consolida la cultura corporativa y mejora el clima laboral; constituye un factor clave de liderazgo empresarial; promueve la imagen y reputación de la empresa y facilita la generación de nuevas oportunidades de comunicación, entre otras ventajas.
Las organizaciones sensibles a las necesidades de la comunidad, a través de proyectos de Responsabilidad Social Corporativa, realizan una gran contribución a la acción social. Un Programa de Responsabilidad Social Corporativa contribuye a mejorar la sociedad en la que vivimos y de la cual la empresa es parte. Una actuación social y ecológicamente responsable de las empresas sería una importante contribución a un mundo más justo y solidario. 

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