PRIMERA PARTE
©Manuel Cordero Velasco

Saludo esta nueva etapa de la revista Puente Nuevo a la que deseo que cumpla plenamente con sus fines de divulgación de la cultura andaluza y en la que me siento orgulloso de colaborar para reivindicar la pluralidad y la tolerancia desde la sana discrepancia más allá de sectarismos y exclusiones. Así que quiero comenzar esta colaboración con el problema que considero de máxima actualidad y que en este formato de connotación tan andaluz viene como anillo al dedo. Quiero reflexionar sobre Andalucía y el nacionalismo ahora que se discute nuevamente sobre el problema de España y su articulación territorial.
Estamos en un momento donde el Estado-nación sufre la debilidad de la globalización en favor de espacios políticos más amplios como la Unión Europea. Parece que tras veinticinco años de la Constitución de 1978 donde ha funcionado la definición de una realidad nacional española preexistente en la que se reconoce en el marco del Estado nacionalidades y regiones en lo que se ha dado en llamar la España de las Autonomías, de la que Andalucía es una comunidad en pie de igualdad con las llamadas históricas.
En plena efervescencia sobre el debate de la reforma de la Constitución y de los diferentes Estatutos de Autonomía, estos se perfilan sobre dos ejes fundamentales; aumento en el poder territorial de las autonomías fundamentalmente en su capacidad económica y sobre todo en su redefinición política. Algunos teóricos ya argumentan que Andalucía debe reconocerse en la reforma de su Estatuto como Nación en defensa propia y contra las pretensiones de Cataluña de definirse unilateralmente como Nación al mismo tiempo que quiere fijar los límites de su financiación en la reforma de su estatuto de autonomía; so pena de quedarnos descolgados de la nueva redefinición territorial del Estado y por ende con menos competencias.
Dada la trascendencia del asunto y de los ríos de tinta que ya corren en la prensa quiero empezar por aclarar algunos conceptos que se barajan en este debate y que se mezclan en un batiburrillo entre los que se pierde la perspectiva del problema que se debate. Se habla desde diferentes ángulos sobre: Estado asimétrico, de límites en las reformas estatutarias dentro de la Constitución, suficiencia económica o de balanzas fiscales, de derechos históricos, o esa distinción entre definirse como nación, nacionalidad o comunidad nacional.
En España los problemas de definición en nuestra convivencia desde los orígenes del estado Constitucional en el siglo XIX hasta hoy en día han sido una constante. La resistencia a aceptar la titularidad en el poder constituyente, quedó resuelta tras el pacto constitucional y la promulgación de la constitución de 1978, mediante un consenso básico de definir España como Estado Social Democrático y de Derecho, residenciando la soberanía nacional en el pueblo español, afirmando la legitimidad de los poderes del Estado y el principio de unidad del Estado. Compatible con el ejercicio de la autonomía de nacionalidades y regiones, etc.
El origen de la estructura territorial del Estado que hoy tenemos y su extraordinaria evolución, de un Estado unitario al Estado autonómico que tan positivamente ha funcionado, es el resultado fruto del pacto y del consenso básico constituyente alcanzado en 1978. Pero sería incorrecto no reconocer en la conformación territorial el impulso inicial de las comunidades Vasca, Catalana, Gallega y sobre todo, lo que ayudó a fijar la territorialización del Estado extendiéndola al resto de comunidades fue la incorporación de Andalucía tras ganarse el derecho con el referéndum del 28-F por la vía del artículo del 151 de la CE y más tarde perfeccionado por el pacto autonómico alcanzado por los dos grandes partidos políticos, (PSOE y PP), en 1981 donde se fijó para las comunidades que accedieron a la autonomía por el artículo 143 de la CE: el calendario de aprobación de sus estatutos, el mapa autonómico y el contenido de los mismos. Finalmente hubo un segundo pacto autonómico en 1992, donde se equipararon definitivamente las competencias de las comunidades del 143 y las del 151. Llevada a cabo por una Ley orgánica de transferencia para las comunidades del 143, basada en el artículo 150.2 de la Constitución.

Éste es en consecuencia el campo de juego y en ese sentido cuando se está hablando de reformas de los estatutos o de la Constitución, ¿ Qué es lo que se pretende reformar o revisar?, ¿Es lo mismo un término que otro? Acudiendo a la interpretación que hace el constituyente, la reforma es la operación de modificación parcial de la Constitución, y la revisión para la modificación total o una modificación que afecte al Título preliminar, sección 1ª del Capitulo II del Título I y al Título II, dedicado a la Corona. Necesitando la mayoría de dos tercios de ambas cámaras, (Congreso y Senado), en el primer caso y de tres quintos en el segundo, artículos 167 y 168, (CE) Así que el concurso del primer partido de la oposición es indispensable para cualquier reforma estatutaria, como ya se ha demostrado en el debate realizado sobre la reforma del estatuto Vasco, (Plan Ibarretxe), rechazado. Nos encontramos pues ante una reforma, con diferentes propuestas y alcance en las reformas de los estatutos de autonomía, andaluz, catalán, valenciano, canario, balear etc. Que al final terminaran por ser de todas las comunidades. Ya que la revisión sería una operación constituyente que afectaría al pacto y consenso básico constitucional. Por lo tanto de lo que se está hablando es del contenido y alcance que debe tener el derecho a la autonomía dentro de la estructura territorial del Estado que descansa en el principio político de la unidad territorial y del instrumento jurídico del derecho a la autonomía. En consecuencia ningún ejercicio de derecho a la autonomía o de reforma del mismo por las nacionalidades y regiones del Estado puede poner en cuestión la unidad política del mismo, de forma directa o indirecta. Otra cosa bien distinta es la consideración de si se pretende con dicha reforma poner en cuestión el mencionado principio de soberanía de manera encubierta o no, como ya apuntan voces críticas de reputados juristas al examinar las propuestas que ya se conocen de reforma del estatuto catalán o como ha ocurrido antes con el vasco.
Aclarado este preliminar y transcurridos veinticinco años de ejercicio de autonomía alcanzado por Andalucía por la vía del artículo 151 de la Constitución, tras el referéndum del 28-F, en un pacto bilateral con el Estado. No nos hemos vuelto locos, al pretender actualizar el estatuto y reformarlo, no se pretende desmembrar España ni destruir el Estado con las pretendidas reformas estatutarias. Las autonomías globalmente han sido muy positivas y han dado estabilidad y prosperidad a España y a todas sus Comunidades Autónomas de manera singular. Permitiendo el período más largo de democracia y libertad en nuestra historia. Actualmente las autonomías gestionan el 40% del gasto público y al mismo tiempo disponen de más del 50% del personal al servicio de las administraciones públicas. De lo que se trata entonces es de mejorar el alcance de las citadas competencias de las Comunidades Autónomas.
A este respecto las palabras de don Manuel Azaña, en su famoso discurso en las Cortes Constituyentes de 1932 sobre el Estatuto de Cataluña, son premonitorias. Si tenemos en cuenta el desarrollo alcanzado por el Estado de las autonomías donde se han superado todas las propuestas y expectativas de dar solución al problema territorial de España y de autonomía.

(Sic) “ Y es ésta: no se puede entender la autonomía, no se juzgará jamás con acierto los problemas orgánicos de la autonomía, si no nos libramos de una preocupación: que las regiones autónomas – no digo Cataluña- las regiones, después que tengan la autonomía, no son el extranjero; son España, tan España como lo son hoy; quizás más porque estarán más contentas. No son el extranjero; por consiguiente, no hay que tomar respecto a las regiones autónomas las precauciones, las reservas, las prevenciones que se tomarían con un país extranjero, con el cual acabamos de ajustar la paz para la defensa de los intereses de los españoles. No es eso. Y, además, esta otra cosa: que votadas las autonomías, ésta y la de más allá, y creados éste y los demás allá gobiernos autónomos, el organismo de gobierno de la región – en el caso de Cataluña la Generalidad - es una parte del Estado español, no es un organismo rival, ni defensivo ni agresivo, sino una parte integrante de la organización del Estado de la República española. Y mientras esto no se comprenda así, señores diputados, no entenderá nadie lo que es la autonomía.”
Es bueno recordar que durante el debate constituyente en 1978 fue la derecha española la que se opuso a que el Título VIII que recogía en su primera propuesta una sola vía de acceso a la autonomía, una sola forma de elaborar los estatutos, un solo sistema de distribución competencial, un mismo sistema de formación de la voluntad del Estado desde el Senado con senadores elegidos por los Parlamentos autonómicos y un mismo sistema de financiación. Sin duda alguna este diseño vocacionalmente federal asustó a la derecha que no quería un Estado territorializado, por un lado y a los nacionalistas vascos y catalanes que pretendía competencias diferenciadas y exclusivas, por otro. Tuvieron que ser los andaluces, en el referéndum de ratificación autonómica del 28-F, con la apuesta decidida de la izquierda los que rompieran la asimetría, (sólo vascos, catalanes y gallegos eran considerados nacionalidades históricas diferenciadas) imponiendo un ejercicio igualitario del derecho de autonomía con independencia de como se autocalificaran de nacionalidades o regiones. Ahora estamos en un tiempo distinto y con una practica de veinticinco años en la descentralización del Estado, ahora es el momento en el que el impulso igualitario de las Comunidades autónomas es dominante, ( frente a los impulsos por romper la simetría alcanzada en el ejercicio del derecho a la autonomía, finalmente aceptada y extendida al resto de comunidades del artículo 143, por la derecha en los pactos antes referidos de 1981 y 1992), de cerrar el edificio constitucional incluyendo la financiación del Estado autonómico y la reforma del Senado como cámara territorial. Hoy es inimaginable que los partidos mayoritarios aceptaran un ejercicio desigual del derecho a la autonomía. Por ello ahora sobran razones para la reforma del Título VIII de la CE. Que es una disposición transitoria agotada en su eficacia.
La reforma que se esta fraguando en Andalucía, (que fue durante el año 2001 la primera Comunidad Autónoma en mostrar su voluntad de hacerlo), en todo caso debe mejorar y actualizar puntos básicos del estatuto actual cimentándolos en una mayoría y en un consenso amplio y dentro de los límites constitucionales. Puntos que afectan a la denominación de Andalucía, su financiación, a los tributos, (Agencia Tributaria), a la Justicia, a la participación en los órganos del Estado, a los derechos sociales, a las competencias y financiación de los ayuntamientos, a nuestra participación en Europa en asuntos que son competencias de Andalucía, y por supuesto asumir nuevas competencias.
Analizar el contenido y el alcance de los puntos enunciados llevaría un análisis más pormenorizado y extenso. Pero sin duda hay algunos que están polarizando el debate como son la definición como Nación y su encaje en la Constitución, y la financiación con sus secuelas de balanzas fiscales, déficit sanitarios, tributos, etc. Y finalmente la invocación de los controvertidos Derechos Históricos.
A la hora de invocar el término nación, nacionalidad histórica o comunidad nacional en la reforma del estatuto andaluz, o en los otros, surgen varias cuestiones, ¿Puede una comunidad definirse como nación? ¿Tiene este concepto cabida en la Constitución? ¿Qué es una nación? ¿Es lo mismo nación, nacionalidad o nacionalismo? ¿Qué somos los andaluces? ¿Y los españoles? Ante la confusión no está de más definir los conceptos para aclararnos en este laberinto.
Acudiendo al significado etimológico del vocablo nación, éste deriva del latín nascere, (nacer) que alude al término geográfico del lugar de nacimiento y que durante la edad media era de uso habitual para referirse al lugar de procedencia equiparándolo a los de patria ( de pater, padre) y de país, ( de pagus, tierra, campo) Términos que ya existían desde la antigüedad para significar el lugar de procedencia familiar, la tierra de los padres. La nación fundamentalmente desde el siglo XIX es un conglomerado complejo de relaciones étnico-político-culturales de perfil difuso y difícil concreción. Anteriormente como se ha dicho solo se usaba en el sentido biológico de origen o descendencia de alguien.
La nación es una forma de identificación colectiva relativamente moderna de la identidad colectiva que ha triunfado y se ha hecho hegemónica en los dos últimos siglos. No han existido siempre, si miramos a la historia casi toda ella ha transcurrido sin su existencia. Aunque parezca mentira, el tener o pertenecer a una nación no es un atributo humano, no es consustancial a la naturaleza humana y no siempre han existido y por lo tanto las identificaciones nacionales son múltiples, variadas y contradictorias. Las naciones son concebidas hoy como sujetos privilegiados de la vida colectiva, cuyo fin es configurarse como Estados. En el siglo XVIII se da un salto cualitativo en Europa, una identidad identificable y reconocida mucho antes que ningunas de las naciones que hoy la componen, como diría Hegel, al ser desplazado el cristianismo como base del mito, la estética y la moralidad, las tres funciones de la religión por el nacionalismo y el progreso. La población europea en esa época anterior al siglo XVIII, era junto a la China con toda probabilidad, el lugar culturalmente más homogéneo por religión, lengua, y la herencia de la ocupación romana.
El territorio, la etnia, la lengua, tradición, cultura, todos estos principios para identificar a las naciones se han revelado incapaces de proporcionar criterios objetivos a la hora de identificar las naciones. No todas las naciones poseen todos esos criterios, ni siquiera las grandes naciones históricas y sin embargo son naciones reconocidas y otras que sí los tienen no lo son y lo que es más sorprendente los habitantes de esos espacios geográficos en determinados casos no se consideran a sí mismos integrantes de ellas. Es el caso de la nación árabe fragmentada en diferentes Estados. Por tanto las naciones no nacen sino que se inventan o se crean a partir del mito, nutriéndose de los símbolos y de la historia. La nacionalidad se constituye sobre esos factores objetivos enunciados de carácter, económicos, sociales y culturales. Si esa personalidad se afirma, se mantiene de manera activa y se desarrolla se dará un hecho nacional. La nación es un paso cualitativo en la evolución de la conciencia colectiva para llegar a plantear reivindicaciones encaminadas a conseguir poder político. Una anécdota en ese proceso de invención de naciones se recoge en la afirmación de Massimo d´Azeglio cuando se reunió por primera vez el parlamento de la Italia unificada. “ Hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer a los italianos”, ó cuando le gritaban al monarca Víctor Manuel en su entrada en Nápoles, “viva Italia” los napolitanos creían estar dando vivas a la esposa de éste.
Definir de manera objetiva a una nación es una imposibilidad, por eso se hace más fácil partir de la subjetividad que determina a los individuos a sentirse parte de una nación. Así es más complicado definir la nación que el nacionalismo, es mucho más complejo determinar que es una nación que enumerar los derechos de éstas. El nacionalismo sería el proceso mediante el cual se inventan las naciones donde no existían. Es el movimiento que pretende activar la conciencia nacional en los diferentes planos y conseguir su plena realización.
Lo cierto es que hoy vivimos bajo los denominados Estados nacionales o Estados- nación, se consideren éstos herederos del concepto de identidad nacional política o también llamada francesa o del tipo étnico-cultural o germánica, que han seguido y en nuestro caso no lo es menos la senda de la exclusión del otro, en la homogeneidad cultural y en la delimitación de un territorio, donde extender la soberanía estatal, para reafirmarse y definirse mediante el poder político hundiendo sus raíces desde el feudalismo. Los Estados coinciden con las naciones en los llamados estados nacionales pero hay también naciones divididas en dos Estados y Estados que abarcan a un conjunto de naciones.
En el caso concreto de Andalucía que forma parte del Estado español, un espacio político y geográfico en el que conviven nacionalidades y regiones según se define en la Carta Magna donde se reserva la mención de nación para España, lo que no quita para que numerosas personalidades académicas del mundo del derecho, así como muchos ciudadanos pensemos que España es una nación de naciones y regiones.
En Andalucía si nos atenemos a todo lo dicho anteriormente, no se tiene este sentimiento de nación desde ninguno de los puntos de vista expuestos, si tomamos el punto de vista objetivo, no se cumplen los requisitos que identifican a las naciones, tampoco si tomamos el punto de vista subjetivo, la idea de identidad o idea de nación andaluza no está arraigada en la cultura política andaluza. Sólo a un 1´5% de los andaluces le gusta el término nación y sólo el 1´6% acepta el de nacionalidad, según la encuesta realizada por el Instituto Opina, el pasado 28-F Si acudimos al padre de la patria andaluza, Blas Infante, ( que solo sabe quién es, uno de cada cuatro andaluces) su concepto de nacionalismo basado en un regionalismo antinacionalista de carácter integrador y españolista concretado en el lema del escudo andaluz, “Andalucía para sí, para España, y la humanidad”. Se aleja del concepto de nación política y lo acerca más a un hecho cultural. Bucear en la historia no parece lo más adecuado para dar rigor a la definición como nación para Andalucía, ¿Nos remontamos a Tartesos, cartagineses, romanos, visigodos, musulmanes? ¿ Al siglo XVII con Felipe IV y el motín del duque de Medina Sidonia contra los Austrias?.
Pero con todo lo dicho, ¿podemos definirnos como nación en la reforma del estatuto?. Se han dado muchas opiniones al respecto por sesudos juristas y concienzudos constitucionalistas en diferentes sentidos tanto a favor como en contra y seguramente sea el Consejo Consultivo de Estado o el propio Tribunal Constitucional, si pasa el filtro del debate en el Congreso y reúne la mayoría necesaria la reforma, el que se pronuncie; pero como se trata de opinar, la mía es que si tenemos en cuenta que el artículo 1.3 y 2 de la Constitución en el que se reserva el término nación para la nación Española en su acepción jurídico-política, y la soberanía, unidad e indisolubilidad de la nación española quedan garantizadas y si nos remitimos al articulo 147 que establece el contenido necesario del Estatuto, que dice: “ La denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad y su historia”, creo que no pasará ni tiene encaje en la Constitución. En todo caso si finamente se admitiera será con la renuncia expresa a que ese término no produzca consecuencias jurídicas y sólo tuviera que ver con los sentimientos y por lo tanto las consecuencias jurídicas sólo derivan del Estado y de la nación española de la que se deriva la soberanía.
La idea de que unas nacionalidades se denominen a sí mismas como nación implique ahora o en el futuro privilegios algunos o ruptura de la solidaridad frente a otras Comunidades autónomas no parece verosímil. Lo ideal sería como sostiene Miquel Caminal, avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y separar la idea de Estado y la idea de nación como en su día se acabó con la identificación entre Estado y religión oficial. Porque mientras se mantenga la idea nacionalista de que debe haber correspondencia entre nación y estado o viceversa esto será un círculo vicioso y sólo podremos aspirar a conllevar el problema como lo denominó José Ortega y Gasset al hablar del problema catalán con ocasión del discurso sobre la aprobación de su estatuto en 1932. Y todo siempre que exista un acuerdo básico según la teoría de Caminal, que comprenda, uno: Reconocer que todas las naciones son políticas y dos: La Constitución española es la que garantiza la distribución del poder político sea cual sea la identidad nominal (nacional o regional) de las Comunidades Autónomas avanzado hacia la federalidad del Estado.
La izquierda en su tradición marxista identificó el problema nacional, en voz de Rosa Luxemburgo “ En la sociedad de clases no existe la nación como entidad socio-política homogénea, sino que en cada nación hay clases con intereses y derechos antagónicos. No existe absolutamente ningún terreno social, desde el de las condiciones materiales más primarias hasta las más sutiles condiciones morales, en que las clases poseedoras y el proletariado consciente adopten la misma aptitud y parezcan un pueblo diferenciado”.Sorprende que en los últimos tiempos la izquierda se haya dejado seducir por la mitología de las identidades nacionales en vez de poner el acento en reivindicar el concepto de ciudadanía, los derechos y la justicia.
Máxime cuando estamos en la Era de la globalización, tanto de la economía como de la cultura de masas y de los medios de comunicación que homogenizan la cultura y el mercado. Probablemente seamos hoy más herederos de la cultura televisada que de la cultura de nuestros antepasados. Las viejas formas de identidad nacional como cultura, han comenzado a cambiar arrastrada por el cambio histórico hacia su desaparición, si tenemos en cuenta que el invento de las naciones es reciente y moderno y las naciones como todo en la vida nacen, crecen y también mueren, nada es inmutable ni para siempre.
Consciente de haber sobrepasado el espacio para este artículo y pidiendo comprensión al director de esta publicación, dejaré para una segunda entrega la financiación de las autonomías y los derechos históricos invocados en las reformas de los estatutos.